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Plenario:

En la Sesión No. 606, se aprobó el proyecto de Ley derogatorio del denominado “impuesto verde”, el cual eliminará este tributo a partir del 2020. En la Sesión No. 608, se aprobó el proyecto de resolución que fortalece los mecanismos de participación ciudadana, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, ética y probidad, en el marco del modelo de gestión de Parlamento Abierto. En la continuación de la Sesión No. 593 se resolvió que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, se incorpore como insumo en el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal.

Comisiones:

Comisión de Fiscalización:
Aprobó el informe que recomienda al Pleno dar inicio al juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. La Comisión recibió a la fiscal General, Diana Salazar, quien detalló la investigación que se lleva en el caso “sobornos 2012-2016”. Salazar señaló que estos delitos irían más allá que una simple asociación ilícita, llegando a verse como cohecho y tráfico de influencias.s

Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales:
Citó a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Economía, Servicio de Rentas Internas (SRI) y Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para que expliquen el propósito que tiene la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que luego de un dictamen de la Corte Constitucional, será analizada y tratada por la Asamblea Nacional. Esta convención proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Consejo de Europa, y tiene el objetivo de facilitar la cooperación administrativa entre países miembros para contrarrestar la evasión fiscal internacional y otras formas de incumplimiento tributario.

Comisión de Participación Ciudadana y Control Social:
Resolvió facultar al asambleísta Raúl Tello, presidente de esta Comisión, para que proceda con el trámite de juicio político contra José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), y Walter Gómez, uno de sus miembros. Las causales fueron: irregularidades en su candidatura, negarse a presentar información ante esta Comisión y por proselitismo político (por este último se lo acusa también a Gómez). Por otra parte, analizó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Comisión de Desarrollo Económico:
Conoció el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas presentado por el asambleísta Bairon Valle. El resto de la Comisión planteó la necesidad de una reforma integral a la norma. Así mismo, avocó conocimiento de varios nuevos proyectos de Ley: La reforma a la Ley de Turismo, reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, un proyecto de Ley Ordinaria de Cooperación Ciudadana en la Construcción y el proyecto de Ley Orgánica para la reactivación económica de la provincia de Esmeraldas. Este último busca reactivar el sistema productivo, proponiendo incentivos no fiscales para el desarrollo empresarial; acceso a financiamiento; información estadística, sectorial y económica que permitan tomar decisiones. Para el acceso a mercados se plantea una asistencia técnica a las empresas que muestren potencial exportador.

Comisión de Régimen Económico:
Avanzó en el análisis de los proyectos de reformas al Código Monetario y Financiero; para ello asistió la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui quién advirtió que el Código actual prevé una supervisión correctiva del sector financiero, cuando lo importantes es una supervisión preventiva.

Comisión de Biodiversidad:
Recibió a los ministros de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, y al ministro de Ambiente, Marcelo Mata, quien reconoció la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 751, que trata sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Mata señaló que enviará una carta al presidente de la República, Lenin Moreno, para solicitar su eliminación. Por su parte Pérez, destacó que el Gobierno no pretendió realizar actividades petroleras en la zona de amortiguamiento, y que en su lugar esta zona fue ampliada en 600 mil hectáreas. Para Pérez el Decreto 751 no vulnera la Declaratoria de Interés Nacional. La Comisión recibió a representantes del Pueblo Waorani quienes rechazan la explotación petrolera en esta zona del Parque Yasuní.

Comisión de Derechos Colectivos:
Recibió a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien compareció por el supuesto caso de violación de derechos humanos de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. Romo explicó la estrategia de intervención y aclaró que este tema se lo ha manejado interinstitucionalmente.

Comisión de Justicia:
Continuó con el tratamiento a las reformas del Código Integral Penal (COIP) en materia de tránsito. Por ello se recibió a la asambleísta Rosa Verdezoto, quien aseguró que se debe ser conscientes con la realidad del país y aplicar normas que no afecten al bolsillo. Esto en relación a fotomultas y contravenciones de tránsito.También, acudió Juan Carlos Aguirre, gerente de la Empresa de Movilidad de la ciudad de Cuenca, quien propuso el endurecimiento de las sanciones para el transporte no autorizado o informal, recomendando que si se reincide en el cometimiento de esta infracción, exista una sanción con el doble de los establecido.

Comisión Ocasional para Coordinar, Evaluar y dar Seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:
Recibió a los representantes del taxismo quienes buscan que se recojan sus propuestas en el marco del tratamiento a la Ley de Tránsito. Entre ellas, la regulación de la operatividad de plataformas tecnológicas transnacionales.

Nota:

El Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido de juicio político contra José Tuárez, presidente del CPCCS, y tres de los miembros del organismo, Chala, Desintonio y Gómez, por presunto desacato de una resolución de la Corte Constitucional.

Referencia: Asamblea Nacional

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