La explotación de recursos naturales como petróleo y minas, usualmente tiene lugar en zonas con altos niveles de marginalidad y, en muchos casos, con presencia de pueblos indígenas. Esto convierte a las comunidades locales en un actor político de enorme impacto para las actividades extractivas.

Un evento reciente ocurrido en Colombia da cuenta de esta realidad. En el Municipio de Cumaral, ubicado en el Departamento del Meta y con una población que no supera los 20.000 habitantes, se realizó un referéndum en el que el 97% de los sufragantes rechazó la exploración y producción de petróleo en su comunidad. Este tipo de iniciativas ciudadanas ya habían sido promovidas en otros municipios colombianos respecto al desarrollo de actividades mineras y se espera nuevas iniciativas similares en los próximos meses.

Comunidades locales frustradas con proyectos extractivos que tienen un impacto en su hábitat y que, en algunos casos, no generan desarrollo ni mejoras en las condiciones de vida de la población local, constituyen una de las principales amenazas para su viabilidad.

A pesar de que los reparos de las comunidades colombianas son compartidos por algunas comunidades en Ecuador, la realidad política local es muy distinta a la del vecino del norte. En Ecuador, las autoridades locales carecen de suficiente influencia política como para desafiar a las autoridades del gobierno central que, hasta hoy, se encuentran particularmente interesadas en la explotación minera y petrolera en el país. Así mismo -y a diferencia de lo que ocurre en Colombia, el gobierno ecuatoriano tiene enorme influencia sobre instituciones como Asamblea Nacional, Corte Constitucional y Consejo Electoral, que potencialmente tienen capacidad de vetar el desarrollo de referéndums locales.

Es posible que un gobierno más abierto al diálogo, como parecería ser el del Presidente Lenín Moreno, busque ceder con respecto a una mayor participación de las comunidades en las rentas de la explotación de recursos en sus territorios o excluir las actividades en zonas particularmente sensibles. Lo que difícilmente será negociable es entregar a comunidades locales la capacidad de vetar el desarrollo de proyectos petroleros y mineros, que son vitales para el gobierno central en momentos de estrechez fiscal y escasa inversión extranjera.

Independientemente de la coyuntura política, las empresas que explotan recursos naturales en Ecuador, deben buscar activamente involucrarse con las comunidades y gobiernos locales para buscar crear “valor compartido” y así otorgar viabilidad política de largo plazo a sus proyectos.

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