El Presidente Lenín Moreno ha señalado la necesidad de convocar a una consulta popular “para profundizar la participación ciudadana”, “mejorar nuestro sistema político para tener más democracia”, “transparentar elección de autoridades de control” y “fortalecer el equilibrio entre funciones del Estado”. Todavía no se han hecho públicas las preguntas que serían planteadas a la población, pero tanto actores del oficialismo, como de la oposición y de la sociedad civil, están preparando propuestas que puedan ser incluidas en la consulta. En esta coyuntura, los empresarios deben estar atentos a cambios constitucionales y legales que pueden generar oportunidades o riesgos para el desarrollo de los negocios en el país.

Es cierto que buena parte de la discusión respecto a la consulta popular ha girado sobre temas políticos e institucionales, antes que en propuestas de reforma al régimen económico vigente. Sin embargo, la posibilidad que da una consulta puede ser aprovechado por algunos actores para avanzar agendas de reformas con impacto empresarial. Modificaciones en la estructura institucional que incluya cambios en las autoridades de control puede en el corto plazo llevar a cierta cautela entre los agentes económicos respecto a avanzar decisiones de inversión hasta que el proceso finalice. Pero posteriormente pueden ayudar a generar mayor confianza respecto al funcionamiento del Estado, siempre que los procesos de selección aseguren la conformación de entidades independientes, favoreciendo de esa manera un manejo más transparente en la contratación pública y en la administración de la justicia. También las decisiones de instituciones con amplia incidencia en las actividades privadas, como las superintendencias, podrían reorientarse, dependiendo de los funcionarios que asuman esas dependencias.

En el ámbito económico, algunos grupos de interés podrían plantear reformas con efectos específicos para ciertas industrias. Por ejemplo, grupos ambientalistas y movimientos indígenas críticos de las actividades extractivas en el país, quisieran limitar el desarrollo de inversiones en petróleo y minas dentro del territorio ecuatoriano. Otros sectores en cambio quisieran facilitar las inversiones en sectores altamente regulados por la Constitución actual, no sólo las industrias extractivas, sino también telecomunicaciones, electricidad, banca, medios de comunicación, entre otros. El gobierno tendrá acá la difícil tarea de procesar propuestas que en mucho caso pueden ser contrapuestas, sin que eso debilite el capital político que ha venido acumulando en los últimos meses sobre la base del diálogo planteado a diversos sectores del país.

Otro espacio que se abre para los empresarios es la posibilidad de que el gobierno consulte directamente a los ciudadanos sobre propuestas de reformas legales que en la coyuntura actual difícilmente pueden ser avanzadas en el legislativo. Algunas de ellas podrían incluir la posibilidad de cambios en la ley de plusvalía, algunas reformas tributarias y otras regulaciones que faciliten el desarrollo de los negocios en el país, justificándolas sobre la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la dolarización. En todo caso los contenidos de la consulta tendrán que ser analizados por la Corte Constitucional antes de su convocatoria, lo que puede llevar a otro espacio de negociación sobre los temas que finalmente serán puestos a consideración de los electores.

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