Un mes antes de la posesión del Presidente Lenín Moreno, -en nuestra Alerta Empresarial Una bomba fiscal– ya habíamos anticipado que la nueva administración enfrentaría un complejo escenario económico ante los crecientes desequilibrios que estaba acumulando el sector público . En contraste, el gobierno saliente recalcaba que la etapa recesiva había sido superada y la economía estaba ingresando a una fase de sostenido crecimiento, dejando la “mesa servida” para el nuevo gobierno. Finalmente el mismo Presidente Moreno ha tenido que reconocer esta semana que “no hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad”, añadiendo que “la condición económica del Ecuador es muy difícil”.

El Presidente Moreno también ha señalado en una crítica abierta a la anterior administración que se “podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”. En este punto es interesante detenerse, ya que Alianza País (AP) en realidad enfrentó un dilema existencial durante la elección. Si ordenaba las cuentas públicas, la economía se habría enfriado aún más y probablemente el candidato oficialista habría perdido la elección, dejándole un escenario fiscal más manejable al candidato opositor. Ante esa posibilidad, el gobierno de Rafael Correa comenzó a inyectar recursos en la economía en forma agresiva desde el segundo semestre de 2016 y especialmente en el primer trimestre de 2017 (ver gráfico), permitiendo que los votantes lleguen al día de la elección con una economía en recuperación y apuesten estrechamente por el candidato oficialista.

Lenín Moreno ganó, pero ese éxito electoral implicó el costo de asumir un gobierno con serias estrecheces fiscales. Tal era la debilidad de las cuentas públicas que a los seis días de posesionado tuvo que aprobar dos emisiones de bonos soberanos por un monto total de $2.000 millones. A esas dificultades presupuestarias se sumaron el ya no contar con los 2 puntos del IVA y la eliminación de las salvaguardias, además de un petróleo que no supera los $50 por barril. El déficit del Presupuesto General del Estado (PGE) alcanzó los $2.600 millones en los cinco primeros meses de 2017, un incremento del 19% respecto al año pasado. Si esa tendencia se mantuviera sin realizarse correctivos, ese déficit podría ubicarse en los $9.000 millones al finalizar el año, siempre que se obtenga financiamiento, algo que parece poco probable en esa magnitud.

Ante esta realidad, es positivo el reconocimiento por parte del Presidente de que evidentemente existe un problema fiscal, ya que de esa manera se pueden plantear acciones que permitan corregirlo, lo que anticipa cierto distanciamiento respecto a la política económica implementada por su predecesor. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado, ya que existe poco espacio para generar mayores ingresos o importantes reducciones del gasto. Es poco probable que el gobierno avance con incrementos de impuestos, más aún luego de la apertura que está mostrando al sector empresarial. Pero del mismo modo, los empresarios deben ser cautos en su aspiración de que estos disminuyan. Respecto al gasto, el gobierno ha señalado que dejará de invertir en grandes obras de infraestructura y que aplicará un programa de austeridad en la administración pública.

Si el Estado deja de inyectar recursos a la economía, es probable que el país ingrese en una nueva fase recesiva, por lo que los empresarios deben reducir sus expectativas, ante el optimismo que había generado la recuperación de sus ventas en los primeros meses de 2017.

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