El pasado 5 de abril, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional (AN), el “Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil” que se tramita en la Comisión de Régimen Económico, en ese entonces presidida por el asambleísta Francisco Velasco. El texto ha quedado hoy en manos de los nuevos integrantes de esa Comisión, ahora presidida por el nuevo asambleísta oficialista Oswaldo Larriva.

El proyecto contiene 160 artículos que modifican las leyes de Mercado de Valores, Comercio, Instituciones Financieras, Procedimiento Civil, Notarial, de Registro, Régimen Tributario Interno y societaria.

Crea una Junta de Regulación de Mercado de Valores (JRMV), en reemplazo del actual Consejo Nacional de Valores (CNV). La JRMV estará conformada por dos ministros de Estado y un delegado del Presidente de la República y excluye a representantes del sector privado, en línea con otras leyes que ha promovido la revolución ciudadana y que buscan limitar la influencia de “grupos de poder” en las decisiones públicas. A los actores del mercado les preocupa la excesiva discrecionalidad con la que podrán actuar los miembros de la JRMV y la eventual politización de las decisiones.

La normativa manda que las Bolsas de Valores se conviertan en sociedades anónimas, dejando de ser corporaciones civiles sin fin de lucro. Se trata de un cambio que las Bolsas habían planteado tiempo atrás y que debería impulsar su eficiencia al responder a socios que esperarán beneficios económicos. Sin embargo, no queda claro qué tipo de “incumplimientos“ por parte de las Bolsas Privadas, podrían dar lugar a la creación de una “Bolsa Pública” que compita con ellas.

Entre las reformas a la Ley de Compañías se destaca aquella que otorga a las autoridades amplias facultades para declarar a una compañía como de “interés público”, en cuyo caso deberá cumplir requisitos adicionales en términos de información, control, transparencia, administración, capital, entre otros. También podrán determinar los casos en que exista “abuso de la personalidad jurídica”, por lo que los accionistas serían responsables con su patrimonio personal por obligaciones de la sociedad, eliminando así su responsabilidad limitada.

Probablemente las nuevas autoridades de la AN retomarán el trámite de este proyecto, a continuación de algunas leyes que han sido denominadas como “prioritarias” por el oficialismo, como la Ley de Comunicación, el Código Integral Penal y la reforma a la Ley de Minería, hoy en trámite urgente en la misma Comisión que debe tratar la reforma al Mercado de Valores.

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