El Presidente Lenín Moreno anunció su programa económico luego de revisar las propuestas presentadas por los empresarios dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El resultado es una mezcla de medidas aisladas y en muchos casos contradictorias, que replican en el campo económico esa poca claridad y falta de definición que ha caracterizado a la administración actual. Los empresarios habían apostado a un posible giro económico del nuevo gobierno, algo que no ha ocurrido, aunque sí ha existido cierto desplazamiento a posiciones menos radicales, pero bajo los preceptos de la Revolución Ciudadana: el trabajo sobre el capital, la protección de la industria local, la preferencia por la economía popular y solidaria, y la activa participación estatal como regulador de las actividades privadas. Es evidente que la propuesta presentada busca alinear al bloque oficialista en la Asamblea en momentos de una creciente tensión por la consulta popular y evitar el rechazo del electorado al excluir medidas económicas impopulares como la eliminación de subsidios, el aumento de tarifas o del IVA.

Las medidas del gobierno pueden ser agrupadas en tres categorías: impuestos, empleo y divisas. Sobre el primer punto, el gobierno básicamente ha desechado la mayor parte de propuestas de los empresarios, incluyendo la eliminación del impuesto a la salida de divisas y del anticipo al impuesto a la renta. Respecto al anticipo, se excluyeron de su cobro a las microempresas con ventas hasta de $300.000. Incluso Moreno anunció medidas rechazadas por los gremios, como el aumento del impuesto a la renta (IR) para sociedades hasta el 25% y la inclusión del décimo tercer sueldo para el cálculo del IR de personas naturales con salarios superiores a los $3.000. Un anuncio positivo ha sido el compromiso gubernamental de que cualquier reforma tributaria a futuro implicaría exclusivamente la reducción de impuestos, lo que puede traer cierta previsibilidad para los negocios. Otra señal positiva es la dada a nuevos emprendimientos mediante el no pago del IR por dos años. También se eliminaría el impuesto a las tierras rurales, tributo que apenas generó $7,8 millones en 2016.

En lo referente a empleo, el presidente fue menos claro al señalar la incorporación de nuevas modalidades de contratación que “defiendan los derechos de los trabajadores” e “incentiven el empleo”. Se destacó a su vez el impulso del empleo en la construcción y la agricultura (los dos sectores emplean a 2,7 millones de ecuatorianos), mediante la eliminación de la ley de plusvalía -si la pregunta respectiva es aprobada en la consulta popular-, y la creación de nuevas líneas de crédito. Respecto a la generación de divisas, se anunciaron mayores controles a la evasión y al contrabando mediante la introducción de una tasa de $0,10 a cada unidad de producto importada y el incremento de aranceles al techo consolidado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para casi 400 partidas. A más de estas medidas, que evidentemente buscan restringir el flujo de importaciones, el gobierno ha mostrado interés en fomentar el ingreso de dólares. Para eso se plantean incentivos tributarios para empresas exportadoras, potenciales inversionistas y a quienes traigan de vuelta sus capitales; a más de la creación de un comité que promocione inversiones en el país, siendo más agresivo en esta materia frente a la anterior administración.

Al valorar las medidas anunciadas se pueden sacar algunas conclusiones. El gobierno vuelve a pecar de esa percepción irreal de que lo pequeño es bueno y lo grande malo. Según información del “Directorio de Empresas” que desarrolla el INEC, las empresas medianas y grandes con ingresos por más de 1 millón al año, concentran el 58,8% del empleo formal en el país y el 88% de las ventas, siendo a su vez las más productivas. Las soluciones planteadas para enfrentar la evasión y el contrabando también parecen incoherentes, ya que justamente estas problemáticas surgen como consecuencia de una estructura impositiva y regulatoria compleja y altamente costosa, que induce a desarrollar operaciones económicas de manera informal y al margen del control estatal. Finalmente cabe señalar que las medidas anunciadas no están articuladas en un plan integral para enfrentar dos de los problemas económicos más serios del país: la alta dependencia en el gasto público y la baja competitividad de la economía ecuatoriana.

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