La primera semana de trabajo de la Asamblea Nacional muestra lo que probablemente será la dinámica política legislativa de los próximos meses. Si bien la oposición ha ganado una mayor representatividad que le da un mejor acceso a los órganos legislativos (ver cuadro) e influencia en las decisiones, el Movimiento Alianza País (AP) mantiene una capacidad de vetar temas que puedan impactar en la estabilidad del régimen o sus principales objetivos económicos y políticos.

AP bloqueó esta semana un esfuerzo inicial del movimiento CREO-SUMA por acceder a una vocalía del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), posición que usualmente corresponde al segundo bloque legislativo. Varias justificaciones públicas se dieron pero, sin duda, jugó un rol el hecho de que líderes de ese movimiento hayan desconocido públicamente la legitimidad de la elección presidencial de Lenín Moreno. Posición que no han reiterado recientemente y que probablemente no retomarán en el futuro cercano.

Al mismo tiempo, el Partido Social Cristiano que constituye el tercer bloque legislativo a distancia de CREO-SUMA y que ha tenido una posición más conciliadora con el régimen desde la elección, alcanzó fácilmente una dignidad en el CAL. En principio, luce más probable que existan mayores coincidencias a nivel legislativo entre el movimiento AP y el PSC, en la medida en que este último parece más interesado en conservar sus espacios de poder a nivel local que en embarcarse en cuestionar al régimen de AP a nivel nacional. Esto último parece ser un interés exclusivo de CREO, pues la mitad de los miembros de la alianza CREO-SUMA corresponden al movimiento SUMA, que lidera el Alcalde Rodas y quien se encuentra en una posición de relativa debilidad frente al gobierno en estos días.

Por otro lado, la mayoría de AP luce relativamente sólida en la medida en que la mejor opción política para la mayoría de sus miembros, al menos en el mediano plazo, es alinear sus intereses con su presidente que acaba de ser elegido.

Sin embargo, el sólo hecho de que exista una Asamblea con una representación más balanceada que en la anterior -tanto en el pleno como en las comisiones legislativas clave en donde se discuten buena parte de asuntos de interés empresarial (ver cuadro)- y que los líderes de AP hayan ofrecido mayor apertura durante el nuevo periodo legislativo, constituye una buena noticia para los negocios. Se abren espacios de discusión e influencia que eran prácticamente inexistentes en el periodo anterior, dentro de un contexto económico complejo en que el régimen necesitará ser más flexible. Claro, en la medida en que esto último no comprometa su estabilidad ni las principales políticas de la Revolución Ciudadana.

Cabe esperar que, por ejemplo, intentos por introducir nuevos impuestos sin beneficio de inventario unifiquen el rechazo de la oposición, mientras que reformas que eliminen trabas burocráticas innecesarias, tengan consenso en ambos lados del espectro político. Se trata de oportunidades y amenazas que las empresas deberán aprovechar o mitigar, sobre la base de ajustar sus estrategias a la nueva circunstancia política y legislativa.

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