El día viernes en cadena nacional el Presidente Lenín Moreno presentó un “diagnóstico de la coyuntura económica” y “la proforma presupuestaria de 2017”, ratificando nuevamente que la situación de las finanzas públicas es compleja al requerir el Estado “$8.000 millones cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda”. La proforma 2017 alcanzaría los $36.818 millones, un crecimiento del 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior. El Presidente aseguró que el plan económico para los próximos cuatro años será presentado en septiembre.

Es positivo que el gobierno haya presentado la información fiscal, la cual había sido ocultada durante los últimos meses. El Presidente ha reconocido que la deuda pública asciende a $41.893 millones, superando el límite del 40% del PIB. Pero también ha identificado otros pasivos del Estado por $8.000 millones, que incluyen operaciones de corto plazo, deudas con empresas petroleras y las ventas anticipadas de petróleo; además de contingentes por $4.367, incluyendo obligaciones con el IESS por $2.528 millones e incentivos a la jubilación por $1.000 millones. Así, los pasivos del Estado superarían los $50.000 millones, una cifra significativamente mayor a los montos señalados por la anterior administración.Pero ante ese positivo giro a favor de la transparencia, el presupuesto del año 2017 vuelve a replicar algunos de los cuestionamientos al manejo fiscal de los últimos años, al mantener un elevado gasto público, sobreestimar los ingresos y, por lo tanto, maquillar el déficit fiscal. El gobierno plantea generar ingresos por $14.760 millones en impuestos, $1.609 millones por tasas y contribuciones; $3.322 millones por transferencias desde las empresas públicas y el Banco Central; $3.241 millones por transferencias y donaciones de Capital e Inversiones; $11.670 millones por financiamiento público y $2.216 millones por otras fuentes. Sin embargo, al observar el comportamiento de los ingresos presupuestarios durante el primer semestre del año, se pueden advertir serias incongruencias en las cifras.

Los ingresos propios del gobierno (excluyendo financiamiento) alcanzaron los $9.471 millones a junio de 2017, por lo que a final de año podrían duplicarse a $18.942 millones, pero en ningún caso alcanzar los $22.932 millones planteados en la cadena nacional, dando una sobreestimación de casi $4.000 millones, que aumenta a $4.650 si se incluyen otros ingresos. Por el lado del financiamiento público, la proforma plantea obtener $11.670 millones, pero la ejecución presupuestaria a junio ya muestra un monto de $8.896 millones, lo que implicaría que en los próximos seis meses el gobierno sólo se endeude en $2.773 millones, algo poco probable. Sobre las bases de estas consideraciones, el déficit fiscal se duplicaría frente al valor planteado de $4.700 millones y las necesidades de financiamiento se incrementarían en un 40% para poder cumplir con el presupuesto.

El Estado pasó a ser el más importante actor dentro de la economía ecuatoriana durante la última década, por lo que los empresarios deben estar atentos a la situación fiscal, ya que cualquier definición en este ámbito tendrá importantes consecuencias sobre el comportamiento de sus negocios. Las señales dadas por el gobierno siguen siendo contradictorias, ya que plantea una mayor participación privada en la economía, pero no da señales de corrección respecto a los grandes desequilibrios que afectan al presupuesto. Pero al menos ha dado un primer paso, reconocer el problema.

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