El Proyecto de “Ley Orgánica para impulsar la Reactivación Económica del Ecuador”, de carácter Económico Urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea para que sea aprobado en un plazo máximo de 30 días, incluye reformas a diversas legislaciones y se trata de las primeras definiciones concretas de política pública desde que la nueva administración se inauguró en Mayo pasado. Las mismas que, como habíamos anticipado, no plantean una desviación significativa de las tradicionales políticas de la anterior administración. Sin embargo, su tratamiento en el legislativo se da en momentos de una abierta pugna dentro del bloque oficialista, por lo que no está claro si el ejecutivo cuenta con los votos necesarios para su aprobación, como en ocasiones anteriores.

Muchos de los aspectos de la legislación deberían generar consenso en buena parte del bloque de Alianza País (AP) en la Asamblea Nacional, como el incremento de recursos para el Estado y el establecimiento de mayores controles gubernamentales a las actividades privadas. Pero otros, como los incentivos para el uso de medios de pagos electrónicos por parte de la banca privada pueden generar resistencias. En contraste, los bloques de oposición han cuestionado abiertamente los contenidos del proyecto, especialmente el incremento de impuestos en el caso de CREO y PSC.

El primer escollo que tiene que sortear el proyecto es en la Comisión de Régimen Económico, donde el bloque cercano a Correa cuenta con 5 votos, el oficialismo morenista 2 votos y la oposición 5 votos (ver diagrama). Creemos que el escenario más probable es que el proyecto se apruebe con ciertas observaciones recogidas dentro de la Comisión por sugerencia del ala correista y por cambios que el mismo ejecutivo proponga, logrando el apoyo de una buena parte del Bloque de AP y alguno que otro voto de la oposición. Si eso no ocurre, otro escenario es que no haya los votos para aprobar la legislación, pero tampoco para rechazarla y, por tanto, quede aprobado automáticamente el proyecto por finalización de plazo para su trámite y pase a ser publicado en el registro oficial.

Desde la perspectiva empresarial y de inversión, el proyecto tiene puntos positivos y otros negativos. En los primeros se destaca la posible recuperación del anticipo del impuesto a la renta; la devolución del ISD para exportadores habituales; la eliminación del impuesto a las tierras rurales y la creación de otros incentivos para el sector agrícola; la eliminación del dinero electrónico y su reemplazo por un sistema de pagos electrónicos a cargo del sistema financiero; la reducción del uso de efectivo y un mayor control para evitar actividades ilícitas; la limitación a la proliferación de regulaciones en instituciones como ARCSA, INEN, Agrocalidad, SAE; y el impulso a las actividades de la economía popular y solidaria.

Entre los puntos problemáticos del proyecto se destaca el incremento del impuesto a la renta al 25%; la ampliación en el número de contribuyentes del impuesto a los activos en el exterior; la implementación de mecanismos coercitivos como la aplicación de tasas a los retiros de efectivo por más de $4,000; la responsabilidad tributaria de accionistas y socios; la corresponsabilidad de las instituciones financieras en la provisión de liquidez; la obtención de más recursos para el gobierno vía Banco Central del Ecuador; y en general un aumento de la discrecionalidad del Estado en el ámbito tributario, comercial, monetario y financiero, al entregar mayores atribuciones al SRI, la Aduana, la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, y la Superintendencia de Bancos.

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