Felipe Hurtado

El pago de sobornos por $788 millones que habría realizado Odebrecht en 12 países, incluyendo 10 latinoamericanos (6 sudamericanos), evidencia los altos niveles de corrupción que existe en la contratación pública. Ante este hecho, a continuación se analizan algunos factores de entorno que explican el por qué las empresas privadas proceden de esta manera en sus negocios con el Estado en algunos países de la región.

América Latina se ha caracterizado por su débil desarrollo institucional, con pobres resultados en algunos indicadores de gobierno, como los calculados por el Banco Mundial[1]. Al analizar los indicadores para 18 países, 15 presentan comportamientos bastante homogéneos, con deficientes resultados en “Estado de Derecho”[2], “Voz y Rendición de Cuentas”[3] y, por ende, en el “Control de la Corrupción”[4]. Justamente aquí (grupo 1) se ubican los 10 países de la región implicados en el escándalo: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela. Cabe señalar que entre los 5 países restantes del grupo 1, sólo en Bolivia la empresa brasileña opera, por lo que no sorprende que El Salvador, Nicaragua, Honduras y Paraguay estén excluidos del proceso por el pago de sobornos. El desinterés que mostraría la compañía por hacer negocios en estos países podría atribuirse a que son las economías más pequeñas y pobres de América Latina.

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En contraste con el desempeño general de la región, Chile, Costa Rica y Uruguay presentan  positivos resultados en el “Control de la Corrupción”, coincidentes con sus buenos puntajes en “Estado de Derecho” y “Rendición de Cuentas”. Justamente estos tres países (grupo 2) han sido ajenos al caso Odebrecht. En Costa Rica y Uruguay la empresa no tiene operaciones y por esa razón no existen pagos de sobornos, pero cabe reflexionar si justamente por la presencia de una sólida estructura institucional, Odebrecht estaba menos interesada en participar en dichos mercados. La empresa sí opera en Chile, pero no realiza pagos de sobornos a empleados públicos, ratificándose cómo el entorno institucional evita esos comportamientos. En resumen, dos tercios de los países ubicados en el grupo 1 (bajos puntajes en “Estado de Derecho” y “Rendición de Cuentas”) están involucrados en el escándalo de Odebrecht, porcentaje que aumenta al 91% si sólo se consideran a los países donde la empresa tiene operaciones. Mientras que en el grupo 2 (altos puntajes en “Estado de Derecho” y “Rendición de Cuentas”) no hay ningún país incluido en el pago de sobornos.

Se puede concluir que existe mayor probabilidad de que las empresas decidan pagar sobornos en sus negociaciones con el Estado cuando no hay estado de derecho, estando el poder político y el poder económico por encima de la ley. Si no hay contrapesos institucionales y adecuados controles, difícilmente se pueden asegurar el buen uso de los recursos públicos. Los procesos de contratación pública deben ser transparentes y deben existir mecanismos de rendición de cuentas. No se puede evitar que los individuos sean deshonestos, pero se puede asegurar que la justicia actué y que no exista impunidad ante la corrupción. La deficiente estructura institucional también retroalimenta el problema, ya que favorece el surgimiento de más empresas rentistas y corruptoras, distorsionando los mercados y la correcta asignación de recursos, al premiar esos comportamientos ilícitos. Finalmente, una sociedad civil activa y la presencia de medios de comunicación independientes, permiten un mayor escrutinio sobre posibles hechos de corrupción, especialmente cuando las instituciones públicas no cumplen con su trabajo fiscalizador.

La dimensión del escándalo de Odebrecht, donde estarían involucrados aproximadamente 1.000 políticos, funcionarios públicos y hasta jefes de Estado, debería llevar a la reflexión sobre la importancia que tienen las instituciones, las leyes, y la sociedad civil. Sin estado de derecho, transparencia y rendición de cuentas, el uso de los recursos públicos para provecho personal seguirá siendo común en Latinoamérica, impactando negativamente en el desarrollo de la región.

[1] http://info.worldbank.org/governance/wgi/

[2] Mide como la sociedad confía y respeta las leyes

[3] Mide la presencia de medios de comunicación libres y la trasparencia pública

[4] Mide cómo el poder público es usado para obtener beneficios privados

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