A continuación actualizamos nuestro reporte anterior con respecto a los asuntos de interés empresarial en el texto de la Reforma Económica Urgente (REU) que fue objetado parcialmente por el Ejecutivo el día de ayer.

Nos ratificamos en que, en general, la reforma aprobada por la AN tiene un limitado impacto en la mayoría de negocios ya establecidos y que no planeen inversiones significativas en los próximos años. Tampoco plantea reformas radicales ni difiere significativamente de lo que habían anunciado las autoridades en los últimos meses. Sin embargo, contiene reformas de interés para empresarios e inversionistas, algunas de las cuales, revisamos a continuación:

En el caso de sectores priorizados (Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; sector agro asociativo y agroproductivo; Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; Metalmecánica; Petroquímica; Farmacéutica; Turismo; Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; Servicios Logísticos de comercio exterior; Biotecnología y Software aplicados; Exportación de servicios y los sectores que mediante Decreto Ejecutivo determine el señor Presidente de la República, en base a las recomendaciones que para el efecto emita Consejo Sectorial de la Producción.) se plantea exenciones de impuesto a la renta para nuevas inversiones por hasta 15 años a partir del año de la generación de los primeros ingresos atribuibles a la nueva inversión. La reforma amplía esta exención a las ciudades de Quito y Guayaquil (hasta 8 años) y a sociedades ya constituidas, de manera proporcional al valor de las nuevas inversiones que efectúen. El beneficio es de hasta 20 años para el caso de las provincias de Manabí y Esmeraldas, en inversiones turísticas de micro, pequeñas y medianas empresas.

Las inversiones en Industrias Básicas (Fundición y refinación de cobre y/o aluminio; Fundición siderúrgica para la producción de acero plano; Refinación de hidrocarburos; Industria petroquímica; Industria de celulosa; Construcción y reparación de embarcaciones navales) pueden obtener hasta 20 años cuando se efectúan en cantones fronterizos. Estas inversiones también están exoneradas del anticipo al impuesto a la renta durante el periodo establecido. Se agrega como condición que exoneración aplica solo cuando las sociedades generen “empleo neto”. El Reglamento a esta Ley establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación y verificación de este requisito en atención al tamaño de las sociedades que quieran acceder al beneficio.

La reforma también plantea para nuevas inversiones bajo contratos de inversión, la exoneración del pago de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en importaciones de bienes de capital y materias primas y en el pago de dividendos al exterior. Siempre y cuando los recursos de la inversión provenga del extranjero y el inversionista demuestre el ingreso de las divisas al país

Los proyectos de “vivienda de interés social (VIS)” e “industrias de fabricación” de este tipo de viviendas (calificados por el Ministerio de Vivienda) gozarán de los beneficios e incentivos planteados anteriormente. Los proyectos de VIS y la VIS de hasta 75m2 de construcción en terreno propio, además contarán con un trámite de aprobación simplificado, que impone tiempos de respuesta estrictos a los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) que deben autorizarlos.

Las empresas contarán con 24 meses para aprovechar los beneficios tributarios contemplados en esta reforma, a menos que el Ejecutivo decida ampliar dicho plazo mediante Decreto.

Se unifica tarifa de impuesto a la renta de sociedades en 25%, pero puede alcanzar al 28% en el caso de socios no identificados o establecidos en paraísos fiscales. Se establece una tabla de impuesto a la renta de entre 0 y 10% sobre el monto de las utilidades producto de transferencia de acciones y otros derechos. Anteriormente estas utilidades se sumaban al ingreso grabable, por lo que la tarifa de impuesto podría alcanzar el 35%.

La propuesta original del Ejecutivo planteaba que las personas que tienen ingresos anuales por más de $100 mil paguen impuesto a la renta por la décimo tercera y décimo cuarta remuneración y no puedan deducir gastos personales en la declaración de renta. La AN eliminó estas disposiciones y el Ejecutivo lo ha aceptado.

Por otro lado, la Reforma ofrece beneficios significativos para los negocios establecidos que mantengan obligaciones vencidas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduana (SENAE), Instituto de Seguridad Social (IESS), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), empresas de servicios básicos (electricidad, agua, alcantarillado), Autoridad del Agua y Superintendencia de Valores y Seguros. Los beneficios van desde remisión de la totalidad de intereses, multas y recargos, hasta reducciones parciales en el caso de obligaciones con el IESS. Las empresas que tienen ventas por menos de $5M al año, pueden acordar plazos de pago de hasta 24 meses. Es clave que el pago o desistimiento efectuados al amparo de esta ley no implica ni constituye aceptación de los conceptos contenidos en los actos de determinación que los originaron. También se mantiene provisión en el sentido que remisión no implica modificar las utilidades ya declaradas.

En el caso del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), se amplían las exenciones a créditos internacionales (incluso los provenientes de paraísos fiscales) y a la compensación de obligaciones con instituciones que operen en los mercados internacionales, debidamente calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, a un plazo de 360 días calendario o más.

Los exportadores habituales pueden deducir el ISD pagado en la importación de insumos y bienes de capital siempre que “demuestre el ingreso neto de divisas al país de conformidad con los lineamiento y condiciones que se establezcan en el Reglamento”, lo cual genera incertidumbre sobre el real impacto que podrá tener dicha deducción.

Una eventual futura reducción o eliminación generalizada del ISD queda en manos del Ejecutivo, pero está sujeta a un informe favorable por parte del Ministerio de Finanzas, que será muy dependiente de una mejora general del sector externo de la economía, tradicionalmente deficitario.

Reforma elimina los “impuestos a los ingresos extraordinarios” en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, mismos que constituían una novedad de la legislación ecuatoriana. En el caso de minería, se define el pago de una regalía sobre ventas de entre 3-8% dependiendo del nivel de producción y/o del tipo/precio de los minerales. En el caso de hidrocarburos, se ratifica la opción de contratos de participación, con ajuste de la participación estatal con base en precio y producción. En todo caso, estos cambios deberían facilitar nuevos contratos de inversión en petróleo y minería.

Reforma refuerza capacidad de control de contrabando y subfacturación de mercancías por parte de la Autoridad Aduanera.

Reforma da impulso a las Asociaciones Público-Privadas (APPs), otorgando a los gobiernos seccionales una mayor flexibilidad para promover proyectos de este tipo directamente. También facilita comprometimiento de recursos públicos para el desarrollo de APPs con el sector privado.

Otras reformas que valen la pena mencionar son:

  • Eliminación del pago mínimo del anticipo del IR. (Como apoyo a exportadores).
  • Dentro de las exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta, para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas se agrega dentro de los sectores económicos considerados como prioritarios a: Software; Desarrollo y Servicios de Software; Producción y Desarrollo de Hardware Tecnológico; Infraestructura Digital; Seguridad Informática; Productos y Contenido digital; y Servicios en Línea.
  • Aumenta el porcentaje en el techo de deducción de gastos para el cálculo del IR para las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en capacitación técnica y mejora en la productividad (Del 1% al 5%).
  • La tarifa 0% de IVA también será para: importaciones y transferencias de insumos del sector agropecuario, acuícola y pesquero; paneles solares; barcos pesqueros de construcción nueva de astillero; partes y piezas de tractores de hasta 200 HP.
  • Se reduce ICE en cocinas y cocinetas a gas del 100% a 0%.

Con respecto a reformas monetarias y financieras conviene destacar la eliminación de capacidad del Banco Central del Ecuador (BCE) para adquirir obligaciones del Ministerio de Finanzas, que limita la posibilidad de que BCE financie el presupuesto estatal, tal como ha venido ocurriendo en años recientes. También exige que las obligaciones hoy pendientes, sean pagadas tan pronto venzan. Lo mismo para el caso de inversiones de entidades financieras públicas en entidades públicas.

En el ámbito de las finanzas públicas vale rescatar:

  • Nuevas reglas de “sostenibilidad fiscal” conservan el techo de deuda en 40% del Producto Interno Bruto (PIB). El saldo de pública y su forma de cálculo serán establecidos en un Reglamento. Estimamos que cifra final calculada rondará el 50%.
  • Prohíbe la aprobación de presupuestos estatales con resultado primario (ingresos menos gastos sin intereses) deficitario y con un resultado global que no cumpla con la meta estructural de largo plazo. La meta estructural de largo plazo en el incremento del gasto del gobierno central no puede superar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Estas metas serán definidas por un Reglamento.
  • Crea un Fondo de Estabilización Fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y/o la capacidad de la ejecución del gasto en educación y salud con los ingresos por explotación de recursos naturales que están por encima de lo presupuestado, luego de descontar el porcentaje correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El Fondo será único. Sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto extrapresupuestario. La operación del Fondo será establecida en un Reglamento.
  • En el caso de que se verifique un riesgo de incumplimiento con relación a Ias reglas y metas fiscales, se aplicarán mecanismos de corrección automática y planes de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Las modalidades específicas para aplicar estas medidas preventivas serán establecidas en un Reglamento.
  • En casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos, o situaciones de emergencia nacional, para ello requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros (50%+1 del total de Asambleístas). Estas reglas también se podrán suspender en caso de que el Presidente de la República decrete estado de excepción, conforme a lo dispuesto en la Constitución.
  • Se aclara que obligaciones fiscales por menos de 360 días constituyen deuda si su plazo excede el ejercicio fiscal

De esta manera la administración Moreno despeja el camino para acceder a un mayor financiamiento en el corto plazo y, al mismo tiempo, se “compromete” a una consolidación fiscal de mediano plazo. También busca aclarar la manera en que deberá contabilizarse el límite de endeudamiento público hacia adelante y ratifica opinión de Contraloría con respecto a que el financiamiento 2018 ya fue aprobado por la Asamblea Nacional en el Presupuesto General del Estado. Por otro lado, deja por fuera del cálculo la deuda de gobiernos seccionales, lo cual reducirá las cifras de endeudamiento que finalmente sean presentadas.

Sin embargo, no existe claridad sobre la manera en que el Ejecutivo logrará alcanzar estas metas y la reforma no impone restricciones al nivel de gasto público, ni al nivel de endeudamiento durante los próximos 3 años. La versión final de la Asamblea limitó las pocas nuevas fuentes de recaudación que contemplaba el texto original del Ejecutivo, lo cual no ha sido hoy vetado.

En el ámbito de la legislación laboral, es importante eliminación de responsabilidad solidaria por parte de accionistas sobre obligaciones laborales de las empresas, a pesar de que su aplicación rige sólo para los casos que se presenten a partir de aprobación de la Reforma. Por otro lado, no se incluyen muy necesitados cambios que permitan “flexibilizar” el régimen laboral ecuatoriano.

Dado que la esencia del proyecto original se mantiene, que el Ejecutivo no vetó temas políticamente sensibles modificados por la Asamblea y que el veto más significativo del Ejecutivo es sobre reglas macrofiscales y límite de endeudamiento que la Asamblea no observó, consideramos que ésta se allanará al veto presidencial.

La Comisión de Desarrollo Económico ya avocó conocimiento de la objeción parcial y se prepara para elaborar un informe no vinculante con recomendaciones para el Pleno. El órgano legislativo cuenta con 30 días para tramitar la objeción que llegó a Secretaría de la Asamblea Nacional el 18 de julio del presente año.

Cabe la posibilidad de que el Ejecutivo envíe otros proyectos de Ley más adelante, pero el espacio político para avanzar reformas significativas es cada día menor.

Quedamos a la espera de sus comentarios. Si existen asuntos de su particular interés sobre los que quisieran elaborar, no duden en contactarnos.

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