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Por:Sebastián Hurtado                                                                                                                                                                                            @sebashurtado

Dentro del contexto de un ambiente de recesión económica y de la que será probablemente la elección presidencial y legislativa más competitiva de los últimos diez años, en este mes presentamos los 7 riesgos políticos clave que deben tomar en cuenta inversionistas y empresarios en Ecuador durante 2017.

1.- Desestabilización política como resultado de elecciones presidenciales y legislativas

Independientemente de quien gane la elección presidencial, es altamente probable el retorno de un ambiente de desestabilización política que Ecuador no había experimentado en varios años. Tanto más en el caso de un triunfo de la oposición.

Si el candidato oficial no llega a ganar en primera vuelta pero obtiene la mayor votación, esto le permitirá acarrear un importante bloque de asambleístas que le entregaría, al menos, una mayoría relativa o incluso una mayoría simple en el legislativo. En estas circunstancias, un eventual ejecutivo de oposición enfrentará serias limitaciones a la hora de avanzar reformas e incluso algunas políticas públicas que se alejen significativamente de aquello instituido por la revolución ciudadana en estos años.

El espacio de acción de un ejecutivo de oposición estará además limitado por el hecho de que buena parte de las instituciones estatales permanecerán en manos de aliados políticos de la Revolución Ciudadana, que tendrán interés en mantener el status-quo. Y si bien los candidatos de oposición han delineado acciones políticas para, de llegar al poder, buscar destrabar esta situación, -como por ejemplo una “Consulta Popular” o una acción política de fuerza como la que permitió a Alianza Pais sobrepasar al Congreso Nacional de 2007- cualquiera de ellas plantea una etapa de alta conflictividad política e institucional que podría incluso devenir en una desestabilización general de incierto desenlace.

Al mismo tiempo, un gobierno de oposición plantea un recambio de miles de funcionarios a nivel ejecutivo, lo cual, en un inicio, va a resultar altamente disruptivo para la continuidad de muchos proyectos y para un sector empresarial que deberá reconstruir un relacionamiento con las nuevas autoridades.

Un gobierno de continuidad enfrentaría un escenario político menos complejo, pero tampoco le será fácil avanzar su agenda, por lo que el ajuste a una era post-Correa de la Revolución Ciudadana no estaría libre de inestabilidad. Por un lado, porque el nuevo ejecutivo contará con un bloque disminuído en la Asamblea Nacional, lo que lo obligará a buscar compromisos políticos para avanzar legislación y política pública, tal como sucedía durante el periodo legislativo 2009-2013. Por otro, porque Rafael Correa continuará teniendo una influencia significativa en las huestes de Alianza Pais, lo cual será fuente de conflicto en la medida en que la nueva administración pretenda introducir reformas que se alejen demasiado del legado Correista. Al mismo tiempo, Lenin Moreno posee un nivel de liderazgo e influencia muy inferior al de su mentor, lo que pesará a la hora de tratar de imponer su posición al interior de su misma organización y frente a otras instituciones públicas y grupos económicos privados.

Finalmente, cualquiera sea la nueva administración, durante 2017 deberá implementar impopulares ajustes económicos que han venido siendo postergados y que, sin duda, generarán conflictividad y desestabilización política.

2.- Acoso electoral a industrias políticamente sensibles

El sector privado en general y, dentro de éste, las industrias “políticamente sensibles” en particular, ha empezado a sentir el acoso político derivado de la próxima campaña electoral.

Empezó con conjunto de nuevas medidas económicas para el sector bancario que fueron anunciadas por el presidente Correa hace unas semanas e implementadas en estos días por las autoridades económicas. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por su lado, ha intensificado su labor investigativa y regulatoria en industrias que considera “monopólicas”.

Al mismo tiempo, un campamento minero fue invadido por comunidades de la amazonía, que tienen el apoyo de organizaciones políticas y que han anunciado un escalamiento de acciones en contra de las compañías mineras y la política extractiva del régimen.

Gobierno y grupos políticos de oposición buscarán la oportunidad de identificar y atacar intereses empresariales para ganar adhesiones políticas durante los próximos meses y las industrias financieras, las extractivas, la empresas transnacionales (ej. farmacéuticas) y los importadores suelen ser los tradicionales objetivos de explotación política.

3.- Legislación para asegurar legado de Revolución Ciudadana

Durante sus últimos meses, el gobierno ecuatoriano buscará aprovechar su hoy aplastante mayoría en la Asamblea Nacional para avanzar legislación que le permita, a la vez, consolidar políticas públicas de su interés y dificultar su posterior modificación. Este es el caso, por ejemplo, de la ley de plusvalía que ha enviado el ejecutivo para consideración urgente de la Asamblea Nacional y el renovado impulso que la Comisión del Derecho a la Salud le está dando al proyecto de Código de Salud. Es importante tomar en cuenta que la mayor parte de legislación aprobada o en trámite tiene el carácter de “Orgánica”, por lo que su eventual modificación en el futuro requerirá de una -no tan fácil de alcanzar- mayoría absoluta de votos.

Cabe esperar que varios proyectos legislativos de impacto empresarial, que permitan preservar el legado de la Revolución Ciudadana y asegurar la influencia política de Alianza País más allá de 2017, se tramiten rápidamente mediante leyes urgentes en los próximos meses. La oportunidad de tales reformas estará alineada, por un lado, con los tiempos políticos de la campaña electoral y, por otro, con las necesidades económicas de la administración.

En la medida en que algunos sectores empresariales puedan alinear sus intereses a los referidos en el párrafo anterior, estos cambios legislativos plantean una oportunidad para introducir reformas de su interés. Un ejemplo claro de aquello es la reforma a la ley tributaria que modifica el plazo de pago del impuesto a las ganancias extraordinarias para proyectos mineros y que está incluída en la “Ley de Plusvalía” que en estos días se encuentra en trámite urgente en la Asamblea Nacional.

4.- Tratado con UE y política local

Si bien el tratado con la UE, ratificado formalmente este mes, plantea riesgos y oportunidades económicas (ej. la aplicación de ciertos estándares europeos), su mayor impacto bien puede ser de tipo político.

El tratado con la UE ofrece a los empresarios ecuatorianos -además de cierta estabilidad en las reglas comerciales- un espacio de influencia en la política pública ecuatoriana con el que antes no contaban. El proceso de negociación y ratificación del acuerdo con la UE ya ha permitido a los sectores empresariales -locales y extranjeros- influir en decisiones de política pública de su interés, como el desmonte de salvaguardias arancelarias, el archivo del proyecto gubernamental denominado “timbre cambiario” y algunas reformas legales y regulatorias en los ámbitos de la propiedad intelectual y los impuestos.

Los inversionistas locales e internacionales podrán continuar apalancando este espacio comercial, para avanzar sus intereses en los ámbitos de políticas públicas locales que pudieran tener un impacto en el comercio con el bloque europeo.

5.- Cambios en términos contractuales

El presidente Correa ha anunciado la necesidad de reformular los términos de algunas obligaciones financieras internacionales que su propio gobierno ha adquirido en los últimos años, con la intención de reducir su costo y forma de pago, una vez que las circunstancias económicas del país mejoren. Los candidatos de oposición también han anunciado la necesidad de mejorar lo que consideran condiciones de endeudamiento muy desfavorables para el país. Un candidato de oposición incluso anunció una moratoria de deuda externa.

Dependiendo de la elección de un gobierno de continuidad o de oposición, la presión política y económica para renegociar las condiciones de las obligaciones del país pueden ir desde, un reperfilamiento de ciertos tramos de deuda externa, hasta el cuestionamiento y cambios en las condiciones contractuales de grandes proyectos gubernamentales en marcha, especialmente en aquellas áreas de la administración en donde han existido cuestionamientos con respecto a la transparencia y la legalidad dichas contrataciones. Algunas de estas “renegociaciones” podrían generar tensiones con el que se ha convertido en uno de los mayores aliados económicos y políticos de Ecuador (China), así como desembocar en costosas disputas en cortes internacionales.

En todo caso, dada la situación menos boyante de la economía ecuatoriana en 2017, una relación más positiva con la comunidad financiera global, los inversionistas internacionales e incluso el FMI, es más probable en una nueva administración, ya sea ésta de continuidad o de oposición.

6.- Revalorización del dólar

Los mercados internacionales parecen señalar que el dólar norteamericano se mantendrá revaluado durante 2017. Esto plantea, además de un problema económico, la intensificación de un problema político para el régimen actual y el próximo.

La recesión de 2015 y 2016 ha reducido el empleo formal, lo que se ha reflejado en una reducción del apoyo político al régimen. Un dólar revaluado continuará deteriorando la posición competitiva de la economía ecuatoriana y pesará en una eventual recuperación de la actividad económica y del empleo formal durante 2017, lo que traerá mayor desencantamiento político. A esto hay que sumar el hecho de que muchos ecuatorianos se encuentran cada vez más conscientes de las diferencias de precios entre los productos que pueden adquirir dentro y fuera del país, lo que añadirá presión política, no solo hacia las autoridades, sino también a los negocios que comercializan productos a precios que muchos consideran “abusivos”.

7.- Administración Trump y el comercio/inversión regional

Si bien, a partir de su elección, el nuevo presidente norteamericano ha matizado algunos los planes de gobierno que planteó durante la campaña electoral, cabe esperar que sea particularmente activo en lo que concierne a la política comercial y de inversión de ese país.

Aquí caben dos escenarios.

En el primero la administración Trump podría buscar renegociar los términos de tratados comerciales hoy vigentes y que supuestamente perjudican a los intereses norteamericanos. En ese caso -dado que Ecuador prácticamente no tenía posibilidad de concretar un tratado comercial con EEUU en un futuro cercano- podría mejorar su posición comercial relativa, frente a aquellos países que eventualmente perderían algunos de los beneficios con que hoy cuentan.

En un segundo escenario, la administración Trump decide conservar los tratados que mantiene actualmente con países que, a fin de cuentas, son también sus aliados políticos. Y, más bien, decide imponer restricciones a países que no han mostrado interés en concretar acuerdos comerciales con EEUU, pero que se “benefician” de una política comercial norteamericana relativamente abierta o de preferencias unilaterales como el SGP. Aquí caben países como China, Brasil, Venezuela, etc.

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