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Felipe Hurtado

La pregunta 3 de la consulta popular propone el cese de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de un Consejo Transitorio sobre ternas enviadas por el Presidente de la República a la Asamblea, y la elección de un Consejo definitivo por elección popular. Por lo tanto, la victoria del “Sí” en esta pregunta permitiría evaluar el desempeño de todas las autoridades de control y, de ser el caso, nombrar a nuevas en su reemplazo.


En la esfera política se ha discutido si el objetivo del gobierno es simplemente cambiar las relaciones de poder dentro del Estado o, por el contrario, avanzar un proceso de reinstitucionalización del país. Sin embargo, poco se ha hablado sobre el impacto que los cambios en las autoridades de control podrían tener sobre la economía ecuatoriana en el mediano y largo plazo al abrirse espacios para mejoras de competitividad.

Según información del Índice de Competitividad Global 2017-2018 del World Economic Forum, Ecuador se ubica en el puesto 97 entre 137 países. Ecuador presenta mejores posiciones en salud y educación primaria (61), tamaño de mercado (66), infraestructura (72), y educación superior y capacitación (77). Las peores posiciones las obtiene en eficiencia del mercado del trabajo (126), eficiencia del mercado de bienes (128) y en instituciones (128).

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Justamente algunos de los problemas más importantes de competitividad de la economía ecuatoriana están vinculados a una débil institucionalidad que afecta cómo las empresas y el gobierno interactúan, y el interés en invertir y hacer negocios en el país. Entre 137 economías, Ecuador se ubica en el puesto 129 en el desvío de recursos públicos a compañías, individuos y grupos; en el puesto 135 en independencia del sistema judicial, en el puesto 135 en el favoritismo a firmas e individuos bien conectados con funcionarios gubernamentales, en el puesto 119 en la eficiencia del marco legal para resolver controversias, y en el puesto 136 en la capacidad del sector privado para desafiar acciones del gobierno a través del sistema judicial.

 

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Así, cambios que permitan independizar a los órganos de control para que estos trabajen en forma autónoma del gobierno y grupos de interés, sin presiones políticas y económicas, evidentemente mejorarían el clima de negocios e inversión en Ecuador. Ojalá se discuta luego de la consulta la importancia que tiene el marco institucional en la competitividad de la economía ecuatoriana y la oportunidad que se abre para impulsarla.

 

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