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Felipe Hurtado

El gobierno de la Revolución Ciudadana logró montar una estructura de poder excepcional en la historia del país. Ese control institucional le fue funcional durante el período de bonanza económica que vivió Ecuador y le es inmensamente útil ahora en épocas de escasez. Este artículo no pretende valorar la pertinencia de un modelo de esa naturaleza, sino evidenciar  hechos que ratifican esta realidad.

El Presidente Rafael Correa ha podido avanzar una serie de acciones, medidas, regulaciones, que le habrían sido casi imposibles promover a un gobierno de otra naturaleza. El control de la Asamblea por parte de Alianza País le permitió aprobar dos reformas tributarias, incluyendo un incremento del IVA, lo cual habría sido vetado en un legislativo sin mayoría oficialista. Incluso un Congreso independiente probablemente habría decidido cuestionar las medidas gubernamentales y fiscalizar en mayor medida el trabajo del ejecutivo, llevando a una pugna de poderes.

La sumisión de otras instituciones del Estado también le ha dado al gobierno mayores herramientas para enfrentar la crisis. La misma Asamblea Nacional aprobó un proyecto que eliminó el financiamiento del 40% de las pensiones por parte del gobierno. Esto permitió generar recursos para el fisco, sin que el IESS cuestione la medida. La seguridad social también ha sido una fuente constante de recursos para el gobierno mediante la adquisición de bonos del Estado. A esa institución se ha sumado el Banco Central del Ecuador, que bajo el control del ejecutivo y mediante la aprobación del Código Monetario y Financiero –por parte del legislativo–, pasó a adquirir papeles del Ministerio de Finanzas por un monto que superó los $4.000 millones en el último mes.

El gobierno también ha sido audaz en la obtención de financiamiento externo, por ejemplo, mediante operaciones de ventas anticipadas de petróleo. Esos acuerdos han sido poco transparentes, pero ninguna institución del Estado los ha cuestionado. Tampoco ha existido llamado por parte de la Asamblea para que las autoridades gubernamentales den explicaciones sobre las onerosas colocaciones de bonos en los mercados internacionales. En otras circunstancias, operaciones de esta naturaleza habrían sido cuestionadas en el legislativo.

El aparato comunicacional del gobierno le ha permitido transmitir un mensaje optimista sobre la realidad económica que enfrenta el país. A esto se ha sumado el control sobre los medios de comunicación privados, que ha limitado su capacidad para informar o investigar acciones gubernamentales que podrían generar una percepción negativa en la sociedad. Finalmente, el control de los poderes del Estado reduce la posibilidad de que la crisis económica desemboque en una crisis política, como ocurrió en enero del año 2000.

La oposición debería considerar esta realidad, ya que ha apostado a que el deterioro económico inevitablemente lleve a un desgaste tal del gobierno que dificulte sus posibilidades de triunfo en febrero de 2017.

Encantado de discutir y profundizar del tema: @felipeh27

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