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La estructura política, jurídica e institucional que el gobierno ecuatoriano ha construido en los últimos 7 años, permitió al Estado intervenir de un sinnúmero de formas en las actividades económicas y empresariales del país. Una gran cantidad de leyes y regulaciones de impacto empresarial que se han aprobado -y las que el mismo gobierno ha anunciado se tramitarán- revelan claramente que los riesgos derivados del entorno político y regulatorio, en muchos casos tienen un mayor impacto en los negocios que los tradicionales riesgos financieros, operativos y de seguridad.

El gobierno ecuatoriano ha avanzado en una agenda enfocada en limitar la influencia política de las élites empresariales y en hacer que los negocios sirvan a la “sociedad” y no al revés. Esto se ha reflejado en una alta carga tributaria y regulatoria para las empresas en general, pero para las que operan en sectores denominados estratégicos en particular. Sin embargo, esta política ha vuelto poco atractivas a industrias como la minera, que aparentemente gozaban del apoyo gubernamental, pero cuyas condiciones regulatorias parecerían no favorecer su desarrollo. El gobierno ecuatoriano contrató una consultora especializada en temas energéticos y mineros para analizar la razón del lento avance de esta industria en Ecuador. Sus resultados muestran que el promedio de carga fiscal en países como Chile, Brasil, Colombia y Perú es de 33%, mientras que en Ecuador alcanza hasta el 52%, imponiendo un costo tributario excesivo que pocos inversionistas estarían dispuestos a asumir.

Así mismo, los conflictos sociales que han enfrentado los proyectos mineros en Imbabura, son derivados de la decisión política de desarrollar esta industria en la zona. El ofrecimiento de inversión en obras con el dinero que se obtendría ha creado una polarización social entre quienes apoyan la iniciativa y quienes denuncian el impacto medioambiental que genera la extracción de minerales.

El lento avance de la minería es tan solo un ejemplo de cómo decisiones políticas tienen un efecto en el desarrollo eficaz de una industria; pero en Ecuador, son varios los sectores que se ven afectados – ya sea positiva o negativamente – por las medidas que el gobierno toma para direccionar la economía del país y avanzar sus intereses. La intervención activa del gobierno en el desarrollo económico, presenta tanto oportunidades como amenazas para cualquier empresa.

Desarrollar negocios en un país como Ecuador, requiere invertir un tiempo considerable en analizar y entender los riesgos políticos que enfrenta la empresa, para poder así oportunamente desarrollar acciones que mitiguen su impacto o aprovechen las oportunidades que también traen consigo.

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