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Adriana Garces

Para México, la elección de Donald J Trump como presidente de Estados Unidos ha sido un camino duro y empinado. Eso que únicamente han pasado algo más de tres meses desde su posesión. Desde su campaña presidencial, Trump no solamente ha amenazado con construir un muro en la frontera entre ambos países, sino que también ha presentado amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés), y deportar a los ciudadanos mexicanos que residen ilegalmente en Estados Unidos.

Gracias a NAFTA, cerca del 80 por ciento de bienes mexicanos son exportados a Estados Unidos en la actualidad, por lo que, solo la probabilidad de modificar el acuerdo ya ha afectado negativamente al peso mexicano, ha disminuido su habilidad de atraer inversión extranjera y ha reducido los índices de crecimiento económico mexicanos.

Pero aunque perder NAFTA sería un golpe duro para México, la amenaza más grande que las propuestas de Trump imponen a los empresarios mexicanos y a la habilidad de que su gobierno pueda atraer inversión extranjera, es la propuesta de disminuir impuestos corporativos en Estados Unidos a 20% (actualmente del 35% en impuesto federal y un aproximado de 4.9% en impuestos estatales). Estas modificaciones podrían disminuir la competitividad mexicana -dada por un impuesto corporativo promedio de 30%- para atraer multinacionales y tener consecuencias graves en la economía mexicana. Lo que es peor, México carece de la habilidad social y económica de enfrentar un eventual recorte en el impuesto estadounidense.

De una parte, el capital humano y tecnológico de México todavía necesita de mejoras sustanciales para poder competir con una oferta estadounidense. Las reformas necesarias en estos ámbitos deberían ser llevadas a cabo con políticas públicas que impulsen un cambio desde el nivel educativo, y ello tomará recursos y años de desarrollo. Por otra parte, una solución a corto plazo, tampoco parece viable. Ésta implicaría una reducción en el impuesto corporativo mexicano, a niveles más bajos que el ofertado por Trump, y sería algo que únicamente podría lograrse en un contexto en el que el balance fiscal mexicano fuese positivo.

Sin embargo, el porcentaje de deuda adquirida por el gobierno mexicano ha incrementado sustancialmente en los últimos años, siendo que en en 2007 México tuvo un nivel de deuda que representó 21% de su PIB y a finales de 2016 esta cifra había subido a 47.9%. Si se compara esta cifra regionalmente, uno podría argumentar que incluso ahora el nivel de endeudamiento mexicano no es tan grande, pero el punto es que el nivel de deuda sumado a la caída en los precios del petróleo y la devaluación del peso mexicano, aumentan la inhabilidad del gobierno de prescindir de los ingresos dados por un impuesto corporativo de 30%.  

A estos factores se suman las elecciones presidenciales programadas para 2018, mismas que no permitirán implementar cambios sustanciales en el sistema tributario ni terminar de llevar a cabo las reformas estructurales tan necesarias para México. El PRI ha perdido terreno y es probable que no esté en capacidad de ganar las elecciones presidenciales siguientes, por lo que Andrés López Obrador ha surgido como un candidato con amplias posibilidades para llegar a la presidencia en 2018. Él se ha mostrado escéptico en la necesidad de NAFTA y ha sugerido que de llegar al poder trabajaría en diversificar las importaciones y exportaciones, hoy en día centradas en el país vecino gobernado por Trump.

 

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