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El pasado 25 de junio, el presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero con el carácter de Económico Urgente. Este Código ha sido calificado por el Presidente como legislación “ideológica” y “socialista”. Según la exposición de motivos, “apuntala un nuevo modelo económico en el que prevalece la supremacía del ser humano por sobre el capital financiero” y busca “dar continuidad a un proceso de conversión del Estado burgués clasista hacia un Estado popular no clasista”.

El Código regula los sistemas monetario-financiero, así como los regímenes de valores y seguros. Entre otros objetivos persigue “asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del programa económico”. Son varios los principios que lo inspiran como “la subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real”.

Una vez aprobado el Código, se creará una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conformada por titulares de varias carteras de Estado, así como un delegado del Presidente. Esta Junta contará con un sinnúmero de atribuciones, siendo la encargada de formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del país. Uno de los puntos más discutidos sobre el Código, es la facultad para regular los niveles de liquidez de la economía; para esto, se estipula que las entidades del Sistema Financiero Nacional están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determine la Junta.

Además esta Junta dispondrá que las divisas de las operaciones que ella determine “ingresen de manera obligatoria al país”, estableciendo multas en caso por no cumplimiento. Sus actos pueden ser calificados como reservados y sus miembros tienen fuero de Corte Nacional de Justicia. Es tal el poder que tendrá la Junta, que incluso podrá remover a los miembros del directorio de una entidad financiera privada por, entre otras razones, “reticencia en cumplir las disposiciones impartidas por el organismo de control” y “obstaculizar las acciones de control”.

La Junta también regulará la “gestión de la moneda electrónica” y dispondrá al Banco Central su implementación y monitoreo. Esta “moneda electrónica” deberá ser “equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos América” y señala que “en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica de derecho privado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América”.

Esta nueva legislación incluye disposiciones que podrían reducir la cantidad de bancos y empresas de seguros en el Ecuador ya que incluye requerimientos mayores de capital mínimo para mantener dichas actividades.

Durante los 7 años de la revolución ciudadana se han registrado no menos de 50 regulaciones sobre la banca privada ecuatoriana. Con la promulgación de este Código, el Estado da un siguiente paso para un mayor control de lo público sobre las actividades privadas de la mano del argumento del interés general. Una vez aprobado el Código, será el Estado y su órgano ejecutor (la Junta) los encargados de la toma de decisiones financieras y monetarias en el Ecuador, recayendo la responsabilidad de las consecuencias sobre los representantes de las instituciones financieras. Es por ello que cabe la pregunta, ¿estas medidas atraen o disuaden a la inversión privada en el sector y la inversión en general? Solo el tiempo lo dirá.


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